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VENEZUELA EXIGE EL DISEÑO DE UNA POLITICA PÚBLICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La actual realidad mundial marcada por la economía del conocimiento, los derechos de propiedad intelectual y su régimen, forman parte integrante del nuevo orden económico, por imposición de la ola de avances tecnológicos y de liberalización económica, lo cual a su vez genera grandes esfuerzos y desafíos de adaptación para los países con economías en desarrollo.

En el caso concreto de Venezuela, país con economía en desarrollo, inserto en el comercio regional e internacional, la materia de propiedad intelectual, vislumbra una real problemática a partir de la ineficacia de la infraestructura jurídica, institucional, de recursos humanos y en la ausencia de un sistema nacional de propiedad intelectual ajustado a las necesidades del país, económicamente rentables y fácilmente accesible a todos los actores nacionales vinculados con este tema.

En este sentido, se hace impostergable para el Estado venezolano, el establecimiento de una política pública en materia de propiedad intelectual, clara, ajustada a sus propias características institucionales e interés público nacional, en la que en lo político, sin perder la dimensión humana de su pueblo, la creatividad intelectual prevalezca como una herramienta que permita equilibrar el reto histórico de desarrollo intelectual, impuesto desde los países hoy ampliamente desarrollados a los países que aún no lo están.

Así, hoy más que nunca, el país exige de todos los actores y estudiosos vinculados a la propiedad intelectual, un esfuerzo conjunto para que se analice la realidad que afecta a Venezuela en materia de propiedad intelectual en general y en cada una de las diferentes áreas que la integran, con miras a determinar la política publica nacional y el sistema nacional que sobre propiedad intelectual requiere el Estado Venezolano; y establecer las estrategias de uso adecuado en cada una de áreas de la propiedad intelectual, como factores de crecimiento socio-económico-cultural y de desarrollo sustentable para el país.

Por todo ello, pretendemos desde el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPSAL), de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, a través del Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas de Propiedad Intelectual (G3PI), como un primer paso, hacer un llamado a los diferentes actores nacionales: organismos intergubernamentales y no gubernamentales, al sector privado, a las instituciones académicas y de investigación y a cualquier parte interesada acerca de la realidad nacional en torno de la propiedad intelectual y de los derechos que de ella se derivan, para que se incorporen a la propuesta que aquí dejamos planteada, deseando que desde esta plataforma podamos discutir, expandir y consolidar las temáticas y problemáticas en torno a la elaboración de una propuesta sobre política pública nacional de propiedad intelectual, concebida y diseñada por y para los venezolanos.

 

Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas de Propiedad Intelectual (G3PI),
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